La apertura comercial volvió al centro de la escena económica argentina, pero no desde la teoría sino desde los hechos. En los últimos meses, el proceso de liberalización de importaciones y reducción de barreras comenzó a mostrar su impacto concreto: mientras algunos sectores celebran mayor competencia y acceso a insumos, otros enfrentan cierres, suspensiones y pérdida de mercado. La pregunta empieza a instalarse con fuerza: ¿la apertura está destruyendo más rápido de lo que logra construir?
El diagnóstico es, como suele ocurrir en la Argentina, heterogéneo. Del lado de los ganadores aparecen con claridad los sectores vinculados a recursos naturales y exportaciones. Energía y minería, apalancadas en Vaca Muerta y el potencial del cobre y el litio, muestran una dinámica de inversión creciente. También algunos segmentos del agro y la economía del conocimiento encuentran oportunidades en un esquema más integrado al mundo.
Pero ese proceso convive con otra realidad menos auspiciosa. La industria manufacturera, especialmente en rubros como textil, calzado o línea blanca, enfrenta una presión competitiva que no siempre puede absorber. Con costos estructurales elevados —impositivos, logísticos y laborales—, muchas empresas no logran competir con productos importados que llegan con mejores precios o mayor escala. El resultado es visible: reducción de turnos, suspensiones y, en algunos casos, cierres.
El problema no es nuevo, pero adquiere otra velocidad. A diferencia de procesos anteriores, la apertura actual se da en un contexto de demanda interna débil. Es decir, no hay un mercado en expansión que amortigüe el impacto ni que permita a las empresas reconvertirse gradualmente. La transición, entonces, se vuelve más abrupta: la destrucción de capacidad productiva puede adelantarse a la creación de nuevas actividades.
Desde el Gobierno y sectores afines, la respuesta apunta a la lógica de mediano plazo. La apertura, sostienen, es condición necesaria para ordenar precios relativos, mejorar la productividad y atraer inversiones. En esa visión, la economía argentina debe atravesar un período de “reacomodamiento” para luego crecer sobre bases más sólidas. El problema es el timing: cuánto dura ese período y qué tejido productivo sobrevive hasta entonces.
En el mundo empresario, la discusión también se matiza. Hay compañías que ven oportunidades claras —especialmente aquellas con escala, acceso a financiamiento o capacidad exportadora—, mientras otras reclaman condiciones de competencia más equilibradas. La demanda más frecuente no es frenar la apertura, sino corregir lo que se conoce como el “costo argentino”: impuestos, regulaciones y sobrecostos que distorsionan la competencia.
En definitiva, la apertura no es en sí misma el problema, sino la velocidad y las condiciones en las que se implementa. Si la destrucción de empresas y empleo ocurre más rápido que la generación de nuevas inversiones y sectores, el saldo en el corto plazo será negativo. Si, en cambio, el proceso logra sostenerse el tiempo suficiente y corregir distorsiones estructurales, podría sentar las bases de un crecimiento más robusto.
Ahí está el verdadero dilema. No es si la apertura es necesaria, sino si la economía argentina —y su entramado social y productivo— tiene la capacidad de transitar ese puente sin que se rompa antes de llegar al otro lado. Y, en última instancia, cuánto tiempo está dispuesta la sociedad a sostener ese esfuerzo para convertirse, finalmente, en un “país normal”.
Por Angel Berlingieri
